Título: Apoyos con y sin restricción de la capacidad. Equilibrio y razonable interpretación del derecho al riesgo y el deber de tutela reforzada
Autor: Sosa, Guillermina Leontina 
Publicado en: LA LEY 19/11/2024, 1
Cita: TR LALEY AR/DOC/2945/2024
Sumario: I. Introducción. — II. De la posibilidad de designar apoyos con y sin restricción de la capacidad jurídica. Desacralización de las formas. Saliendo del corset de los procesos de restricción. — III. Casuística. Realidad vs. ficción: necesidad de equilibrio razonable entre dignidad de riesgo y debida tutela. — IV. La cuestión de la finalidad del inicio del proceso de determinación de la capacidad: ficciones y realidades. La necesidad de una respuesta judicial efectiva. — V. Reflexiones de cierre.
(*)
I. Introducción
En primer término, sabido es que el Código Civil y Comercial, a tono con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce la capacidad de las personas como regla (conf. art. 31, ss. y concs.). Esta capacidad, entonces, es el eje de interpretación de todo supuesto en el que se pretenda la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona (1).
A tono con ello, el derecho al riesgo también se enarbola como principio por parte de las propias personas con discapacidad desde la gesta de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en palabras de Bazs "como antídoto al estigma" (2). Esto significa que la persona con discapacidad tiene derecho al riesgo por ser este parte natural de la vida para todos los seres humanos. Por lo que pretender eliminar cualquier riesgo por el solo hecho de la discapacidad de la persona implicaría una injerencia arbitraria del Estado contraria a los más elementales principios de dignidad y libertad (arts. 14, 16, 19, 33, 75 inc. 22 y 23 CN). Volviendo a la reflexión de Bazs "Hoy día, sabemos que puede ser humillante la protección y puede haber dignidad en el riesgo, quiero decir, que cuando hablamos de extensión de derechos y garantías, no estamos hablando de otra cosa sino de la autonomía de las personas" (3).
Este principio de dignidad de riesgo debe armonizarse con el deber de tutela reforzado que recae sobre el Estado, entendido en sus tres poderes, respecto de personas en situación de vulnerabilidad. Ni una opción implica el abandono o desprotección de la persona ni la otra bregar por el paternalismo o modelo tutelar lejano al modelo social de discapacidad vigente en nuestro país con jerarquía constitucional convencional.
Aun cuando lo expuesto pareciera simple en la teoría, en la práctica es frecuente encontrar cierta tensión y/o desarmonización en el modo en que campean estos principios para la resolución de causas.
Esta observación, sobre la que compartiremos mayores elementos a modo de casuística judicial, es la que nos motiva a procurar en estas líneas destacar la importancia mayúscula de velar por el equilibrio razonable entre el binomio autonomía / tutela reforzada. Ello, a fin de no caer en categorías retóricas de enfoque sobre derechos más cercanas a la ficción que al principio de primacía de la realidad, que debe campear cuando se pretende efectivizar la vida digna de las personas que integran este grupo de vulnerabilidad. Como ha afirmado recientemente la jurisprudencia, "[...] Difícilmente pueda hablarse de autonomía si no se le da un valor jurídico a la voluntad de las personas con discapacidad para decidir lo que es mejor para sí mismas, reconociendo su dignidad [...]" (4).
II. De la posibilidad de designar apoyos con y sin restricción de la capacidad jurídica. Desacralización de las formas. Saliendo del corset de los procesos de restricción
Si bien la figura de los apoyos se encuentra regulada en el Código dentro de la sección 3a de restricciones a la capacidad, la doctrina ha sostenido que la designación de apoyos, conforme se deriva de la interpretación convencional de los postulados del art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puede realizarse sin que la restricción de la capacidad de la persona sea un requisito previo sine qua non.
En este sentido Fernández advierte que sostener lo contrario "implica un grave desconocimiento del valor de las normas establecidas en el Código Civil y Comercial, así como del reconocimiento convencional de los apoyos y más ampliamente del principio pro homine. Por lo demás, la ubicación normativa de los sistemas de apoyo —dentro del proceso de restricción— no implica que solo en dicho marco puedan establecerse" (5)(6).
Apoyos "es el acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar actividades de la vida cotidiana y participar en la sociedad. El apoyo es una práctica arraigada en todas las culturas, que constituye la base de nuestras redes sociales. Todas las personas necesitan del apoyo de otras en algún momento. Tanto ser receptores de apoyo o prestar apoyo a otras personas son funciones como parte de la vida, independientemente de la deficiencia, edad, etc. Sin embargo, mientras algunas formas de apoyo se integraron de forma natural, en el diseño social, otras como las que requieren las personas discapacitadas presentan cierta marginalidad" (7).
En realidad, respecto a las personas con discapacidad cuando la situación es judicializada, es preciso ponderar la necesidad, o no, de restringir la capacidad, partiendo de la premisa —claro está— que la restricción no resulta necesaria para la designación de apoyos, con algunas salvedades a las que nos referiremos en lo siguiente.
Todo este entramado no puede perder de vista una premisa de tinte convencional: la restricción de la capacidad es un derecho de la persona del mismo modo que ya hemos afirmado en torno a la internación (8).
En modo alguno la restricción puede visualizarse como sanción —igual afirmación, se insiste, aplica respecto de la internación—, sino que es un corolario del deber de tutela reforzado, previsto por la propia convención de las personas con discapacidad y pensado como el ajuste necesario para salvar la asimetría en la que puede hallarse la persona.
Entonces, siendo esto así; ¿qué apoyos pueden disponerse sin que impliquen la restricción de la capacidad de la persona?
Respecto a este punto ha señalado con acierto Pagano (9) que debe considerarse la necesidad, o no, de inscripción de la decisión en los registros correspondientes. Nos explicamos: Si la designación de apoyo no implica la restricción de la capacidad, resulta innecesaria la inscripción registral so perjuicio de generar una ficción retórica en la que se dice que no se restringe haciéndolo en los hechos. En estos casos la extensión de un testimonio de la resolución será suficiente respaldo para los interesados (10).
A esta situación se adhiere un factor que consideramos clave: la voluntariedad de la designación o —al menos— la no oposición por parte del interesado en cuyo beneficio de disponen (11).
Ello implica que en caso de controversia ya no podrá procederse a la designación de apoyos sin restricción, sino proceder —en caso de que corresponda— al proceso de determinación de la capacidad y a la consiguiente designación de apoyos judiciales especificando los actos —con estricto criterio de necesidad— que el apoyo o red de apoyo deberá acompañar a la persona. En este caso, la registración es mandataria conforme a lo dispuesto por el art. 39 Cód. Civ. y Com.; y como consecuencia lógica de la oponibilidad a terceros, para protección de estos y de la persona cuya restricción se resuelve.
Ahora, bien, retomemos el aspecto relativo a la voluntariedad que va acompañado de la desacralización de las formas como corolario del deber de tutela reforzado en torno al acceso a justicia de este grupo de sujetos vulnerables. Como destaca la doctrina, se insiste, no es necesario que el proceso por el que se procure la designación de apoyos sin restricción sea el de determinación de la capacidad. Por el contrario, dicha visión como única opción se vislumbra como estigmatizante para la persona que desea voluntariamente contar con un apoyo o red de apoyo para actividades que no requieran su restricción.
Lo expuesto evidencia una vez más la necesidad de ajustar el proceso a la persona y no que la persona deba adaptar su realidad a formas prestablecidas que resulten regresivas en el caso (12).
Fernández (13) ya ha señalado entre otras posibilidades la promoción de acción autónoma y homologación de acuerdo de apoyos (lo que permite un control judicial suficiente). Por su parte, Möller Rombola (14) reflexiona sobre distintas opciones para efectivizar esta alternativa, considerando las que permitan no tener que recurrir a sede judicial, pero que al mismo tiempo resguarden los derechos de la persona interesada y terceros. En este punto menciona las variantes de designación mediante instrumento privado (con sus evidentes problemas en torno al deber de tutela reforzado ya aludido). Luego, como otra posibilidad refiere a celebración del acuerdo de apoyos mediante instrumento público. En detrimento de esta opción se señalan los costos asociados a su realización. El autor propone a fin de salvar dicho obstáculo la posibilidad de crear otro tipo de estructuras que sirvan para garantizar y controlar el cumplimiento de estas salvaguardas mencionando la creación de una autoridad pública que centralice la constitución de medidas de apoyo voluntarias. Como tercera variante propone la homologación judicial de todo acuerdo de apoyos resultando en este supuesto que la intervención judicial actúa como salvaguarda.
Zito Fontán - Spina - Pagano - Olmo - Martínez Alcorta afirman con contundencia que: "Las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que consideran que necesitan apoyo para tomar ciertas decisiones en su vida cotidiana para dirigir su persona, administrar sus bienes, para cobrar una pensión, o para otorgar actos jurídicos determinados, deben tener la facultad, en el marco de su autonomía personal, de designar a personas de su confianza para que las asistan, respetando el ejercicio de sus derechos, su voluntad y preferencias. Las personas en situación de vulnerabilidad son quienes mejor conocen el tipo de apoyo que precisan y las barreras con que se enfrentan para obtenerlo. La interpretación amplia del art. 43, Cód. Civ. y Com., faculta al interesado a designar apoyo o diseñar un sistema de apoyo adecuado a sus necesidades fuera del marco del proceso judicial. Para quienes consideran que el apoyo referido en la norma es una figura autónoma, no hay razón que justifique poner en tela de juicio, ni restringir la capacidad de la persona en pos de garantizar el ejercicio pleno de los derechos" (15) (la cursiva es nuestra).
De las distintas visiones compartidas previamente un elemento resulta coincidente: la designación de apoyos por parte de la persona en forma voluntaria no puede ceñirse al corset del proceso de determinación de la capacidad.
III. Casuística. Realidad vs. ficción: necesidad de equilibrio razonable entre dignidad de riesgo y debida tutela
En el marco de una medida tramitada como cautelar (16) un joven con síndrome de Down peticionó por derecho propio la designación de apoyo conforme con lo dispuesto por el art. 43 Cód. Civ. y Com. para que facilite la toma de decisiones necesarias para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos por 60 días debido a un viaje (Juegos Olímpicos) y funda su necesidad en razón de su discapacidad. Manifestó que requería de dicho apoyo para el caso de que se le dificulte la administración de dinero con otra moneda o cuestiones relativas a migraciones. Por ello solicitaba se designe a una de sus entrenadoras como apoyo durante el tiempo referido y a los fines indicados.
En una primera providencia se citó a los progenitores del peticionante; y se procedió luego a hacer lugar al recurso de revocatoria del actor, por cuanto resultaba incorrecto, contrario al principio de capacidad, que los progenitores se citaran para ratificar lo peticionado. De modo tal que, atinadamente, la juzgadora revocó la providencia y citó a los progenitores en carácter de testigos.
La breve situación descripta evidencia la necesidad de que constantemente los operadores jurídicos revisemos el iter procesal, para su debida adecuación al modelo social de discapacidad.
La jueza hizo lugar a la medida peticionada y afirmó que "exigir a la persona con discapacidad que para acceder al sistema de apoyos debe necesariamente restringírsele su capacidad jurídica, es asimilar la discapacidad a la restricción de capacidad, casi en un retorno al superado modelo tutelar, en un accionar discriminatorio y contrario al principio pro persona".
Este fallo va a tono con la característica que resaltábamos párrafos arriba, en cuanto a la voluntariedad del caso, peticionado por el propio interesado.
Anteriormente, también se había pronunciado dicho Juzgado (17) sobre la situación peticionada por una mujer con discapacidad para que su hijo la asista en la toma de decisiones que fueran necesarias respecto de las tareas y cuestiones cotidianas que se le planteen.
En este supuesto, luego de acoger la pretensión en dichos términos, se agregó en el resuelvo que el apoyo se consignaba también "en la administración de su dinero y en el ejercicio de aquellos actos jurídicos para los que requiera asesoramiento y que impliquen disposiciones de derechos que excedan las cuestiones cotidianas".
Entendemos que la voluntariedad de lo peticionado debe encontrar su respuesta jurisdiccional con el alcance peticionado, sin excederse en consignar otros actos que no fueran requeridos por el peticionado que impliquen en los hechos una verdadera restricción a su capacidad de ejercicio, aunque bajo el ropaje de la "no restricción".
El equilibrio entre la dignidad de riesgo y la debida tutela, ante la judicialización del caso impone al juzgador que en caso de considerar la necesidad de efectuar una restricción, esta deba canalizarse a través del proceso previsto para tal fin con las garantías de debido proceso, asistencia legal e interdisciplinar que ha previsto el legislador.
En otro caso, ante la internación cursada por una persona con dolencia mental, la Asesoría de Familia solicitó (sin formular oposición los abogados art. 22 ley 26.657) la designación provisoria de apoyo en favor del usuario, mientras dure el tratamiento de internación, para las cuestiones que hagan a la vida cotidiana, en particular la percepción y administración de los beneficios de la seguridad social y realización de trámites y gestiones ante la obra social. Se acogió favorablemente lo peticionado con deber de rendición de cuentas por parte de la figura de apoyo provisoria. Sin registración y con la sola expedición del testimonio (18).
En este supuesto se evidencia la creatividad de la Asesoría en procurar dotar de utilidad a la figura del apoyo provisorio con un cometido delimitado y sin necesidad de restricción alguna.
Finalmente, recurriremos a un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, para visualizar el impacto en la vida de las personas de la mera retórica.
El caso llega a la Alzada con motivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por una mujer que padecía esquizofrenia, a quien "sin restricción de la capacidad" (el entrecomillado es nuestro) se le designa en primera instancia, y confirman en Cámara, una figura de apoyo y se especifica qué actos requiere realizar con su intervención. Asimismo, supeditan a nueva evaluación verificar si puede desempeñarse como corredora y martillera pública.
Valga resaltar que desde el inicio del proceso en el año 2003 en el que se dispuso su inhabilitación (de acuerdo con el régimen legal vigente en aquel entonces) la señora resultó evaluada en casi una decena de veces. Ello, sin contar los informes elaborados por sus profesionales particulares tratantes. En síntesis, lo que podría describirse como una odisea judicial, la mujer peticionó su rehabilitación con antelación y con posterioridad a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial. Tras todo ese trajinar, al que su propio apoyo (hija) acompañaba coincidiendo en la innecesariedad de la figura, la señora se encontró con la decisión del mantenimiento de la figura de apoyo, aunque aclarándose que "sin restringir su capacidad", para, acto seguido, hallar detallados los actos en los cuales requeriría necesariamente la figura.
Para así decidir, se tuvo en cuenta que el informe interdisciplinario especificaba que la evaluada "puede discernir, mientras se encuentra estable en su cuadro de base, de lo contrario requiere apoyo". Ante ello, la recurrente enfatizó que "no se puede restringir mi capacidad por si me descompenso; si fuera así, todas las personas deberían tener restringida su capacidad por si en algún momento se encuentran descompensadas" (sic).
Ya en instancia ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el voto de la mayoría sostuvo: "Corresponde revocar la decisión impugnada en relación con sistema de apoyo designado a una persona respecto de la cual no se restringió su capacidad y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento. De resultar acreditada la necesidad de restringir, se deberá especificar para qué actos y en su caso con qué alcance los apoyos, conforme art. 38 Cód. Civ. y Com.". Asimismo, se supeditó a la nueva evaluación la posibilidad, o no, de que la señora pudiera desempeñarse como corredora y martillera pública.
De modo que, tras tantos años e instancias recorridas, pese al principio de capacidad, se volvió a supeditar a otra evaluación lo requerido por la peticionante.
Aun así, debe destacarse que en el precedente el voto mayoritario entendió que en caso de designarse apoyos, se deberán especificar las funciones para las cuales deben acompañar a la persona; es decir, en la medida que impliquen una restricción, debe ser así dispuesto.
Por su parte, el voto de la ministra Kogan proponía la rehabilitación, sin más, de la capacidad de la recurrente.
En su voto, en lo que aquí interesa resaltar, la magistrada expresó: "entiendo que acierta la impugnante cuando califica como absurdas las conclusiones a las que se arribó en la instancia de origen, confirmadas por la Cámara, en tanto por un lado se sostuvo que la señora M. C. no debía estar restringida en su capacidad y por otro se estableció que correspondía que accediera a un sistema de apoyos, restringiendo entonces su capacidad en numerosos actos e incluso sometiéndola a nuevas pericias, sin prueba que sustentara esas restricciones y en contradicción con la normativa aplicable al caso". Señaló en lo medular que "lejos de haber sido aplicado el modelo social de discapacidad, se cayó en el uso de estereotipos a través de los cuales, en vez de brindar acceso y tutela efectiva a la señora M. C., se la mantiene en un lugar de vulnerabilidad que ahonda su estigmatización, coartándole la posibilidad de ejercer actos sin que exista para ello sustento fáctico. Así, más allá de la mención de la aplicación del modelo social de discapacidad, ese anuncio queda solo en lo retórico, ya que existe un desentendimiento respecto de los derechos amparados por la normativa internacional y nacional en la especie".
En comentario a este fallo Muñoz Genestoux afirma que "sostener apoyos sin restringir la capacidad jurídica" no resulta sostenible en el plexo normativo vigente y bajo el paradigma del modelo social de la discapacidad, "principalmente porque, reconocida la capacidad jurídica general en igualdad de condiciones, el "por las dudas" es inaceptable y contrario a derecho desde la mirada constitucional y convencional" (19).
Estos extractos reflejan el riesgo aludido en el título que inicia este acápite. El de caer en la mera retórica y, pese al esfuerzo discursivo, sostener una mirada tutelar respecto a la persona.
O bien la restricción corresponde, en cuyo caso el deber de tutela reforzada impone que se explicite y se dé en el marco del debido cumplimiento de los recaudos para su imposición; o no corresponde y la alusión a posibles desestabilizaciones conllevan —en el caso— a la rehabilitación o, en otros supuestos, al rechazo de la restricción de la capacidad.
Lo que resulta ficcional es propugnar la no restricción, para luego fijar supuestos de específica necesidad de realización con apoyos y en contra de la voluntad de la persona interesada.
En este aspecto Goggi advierte sobre los riesgos de las interpretaciones rigurosas a ultranza y la necesidad de "retomar el equilibrio" (20).
Quizás el equilibrio entre la dignidad del riesgo y la debida tutela, sin que los absolutos conlleven a la desprotección o el paternalismo, se encuentre en la premisa de partida respecto de que los procesos de restricción de la capacidad —en cuanto se den los supuestos de excepcionalidad que dispone el legislador— constituyen un derecho y no una sanción para la persona.
IV. La cuestión de la finalidad del inicio del proceso de determinación de la capacidad: ficciones y realidades. La necesidad de una respuesta judicial efectiva
Ya en el marco de los procesos de determinación de la capacidad se ha empezado a aludir a la finalidad del objeto del proceso: vgr. si la acción se inició para realizar determinado trámite y dicha actuación obtuvo un resultado, ¿es preciso dictar sentencia o deviene abstracto?
Consideramos que la tutela judicial efectiva demanda una respuesta integral desde el equilibrio ya citado entre el deber de tutela reforzado y la dignidad de riesgo.
Aun considerando el objeto de la acción como realizado, la perspectiva de vulnerabilidad deviene un mandato convencional que debe aplicarse de oficio. Por ello deben evaluarse las particularidades de la situación de la persona valorando también el resultado del informe del cuerpo interdisciplinario. El apartamiento de dicho informe solo puede formularse con fundamentación suficiente apoyándose en otros elementos de valor probatorio suficiente. Recae sobre el juzgador "apreciar su eficacia" (21) y, en su caso, ponderar que el informe no parta de "premisas dogmáticas o equivocadas" (22).
En consecuencia, más allá del objeto de la promoción de la acción, la ponderación del informe con el resto de la prueba reviste suma importancia para garantizar una respuesta judicial a medida en el caso concreto y de acuerdo con el balance dignidad de riesgo/ debida tutela a la luz del principio de capacidad.
Con esta óptica la respuesta judicial oportuna demanda una evaluación integral desde la perspectiva de vulnerabilidad, que no se limita al mero contraste de la realización, o no, del objeto del libelo de promoción de la acción. La respuesta judicial requiere ponderar los efectos de las decisiones en la vida de las personas y procurar la solución al caso que más acabadamente tutele y efectivice los derechos de estas (23), evitando incurrir en ficciones.
V. Reflexiones de cierre
Hawking expresaba que "nunca sabemos realmente dónde se producirá el próximo gran descubrimiento científico, ni quién lo hará. Abrir las mentes a la emoción y el asombro del descubrimiento científico, crear formas innovadoras y accesibles [...] Así que recordemos mirar a las estrellas y no a los pies. Intentemos dar sentido a lo que vemos y preguntémonos qué es lo que hace que el universo exista. Seamos curiosos. Y por difícil que la vida pueda parecer, siempre hay algo que podemos hacer y conseguir. Importa que no nos rindamos. Demos rienda suelta a nuestra imaginación. Demos forma al futuro" (24).
Justamente, en lo relativo a la búsqueda de acciones para derribar las barreras sociales y vencer las asimetrías a las que se encuentran expuestas a las personas con discapacidad, debemos estar abiertos a nuevas relecturas.
En lo atinente a la temática de los apoyos con o sin restricción de la capacidad jurídica y el desafío en el caso concreto del debido equilibrio entre el binomio dignidad de riesgo/deber de tutela reforzado, nos encontramos con la necesidad de revisar las actuaciones sin dar por sentado que la proclama de las normas es suficiente so perjuicio de caer en ficciones que en poco o nada se adecuan a la respuesta que demanda la situación de la persona.
A modo de síntesis del recorrido de estas líneas, la designación de apoyos no requiere de su tramitación en el formato encorsetado de los procesos de determinación de la capacidad jurídica. Ahora, bien, en la medida que el proceso (mediante el ropaje jurídico que sea: vgr. autosatisfactiva, cautelar, homologación, acción autónoma) pierda su voluntariedad, se vislumbra como necesario para garantizar la debida defensa el proceso de determinación con los ajustes previstos por el Código Civil y Comercial (conf. arts. 31 ss. y concs.) (25).
Dichos procesos, valga la redundancia, son un derecho y no una sanción para la persona.
La mera afirmación de "no restringir", para luego proceder a designar apoyos que efectivamente se consignan como necesarios para la realización de determinados actos, se convierte en los hechos en una restricción solapada, alejada del modelo social de la discapacidad.
Como conclusión, se destaca la importancia de un análisis integral desde la perspectiva de vulnerabilidad —de oficio por mandato convencional constitucional—, para procurar acercarnos a una respuesta judicial que conlleve la efectividad de la dignidad de la persona atendiendo a los principios de realidad, pro persona y effet utile. 
(A)  Doctora en Derecho (UCA). Abogada (UNLP) Magister en Derecho y Economía (UBA). Diplomada en Derecho Civil (Univ. de París Panthéon-Assas II, Francia). Especialista en Derecho de Familia (Univ. Morón). Posgrado en Derecho de los Hidrocarburos, Energías y Sostenibilidad (UBA). Diplomada en Riesgos del Trabajo (UNPSJB). Diplomada en Actualización sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigido a Jueces y juezas de la región dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Egresada de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Pcia. de Buenos Aires en Derecho Público y en Derecho Privado. Profesora de Derechos Humanos y Garantías; y de Derecho de Integración y Comunitario (UNPSJB). Jueza de Familia, Chubut, Argentina. Integrante de la Red Mujeres para la Justicia.
(1)  Puede verse KRAUT, Alfredo Jorge [dir.] - SOSA, Guillermina Leontina [coord.], "Derecho y salud mental: una mirada interdisciplinaria", Rubinzal Culzoni, 2020.
(2)  BASZ, Eduardo, "La dignidad del riesgo como antídoto al estigma (Miembro del Observatorio Dignidad sobre la aplicación la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Salud Mental" http://observatoriodignidad.blogspot.com.ar), disponible en https://gruposaludmentalfts.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/paperladignidaddelriesgocomoantc3addotoalestigma.pdf.
(3)  BASZ, Eduardo, ob. cit.
(4)  ST Río Negro, 13/03/2023, "N., J. S. s/proceso sobre capacidad".
(5)  FERNÁNDEZ, Silvia Eugenia, "De libertades apoyadas. La designación de apoyos sin restricciones a la capacidad jurídica", Rubinzal Culzoni.
(6)  En sentido análogo KEMELMAJER- HERRERA - PAGANO.
(7)  MORENO, María Fernanda, "El rol del apoyo en el derecho a la salud", http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/18/el-rol-del-apoyo-en-el-derecho-a-la-salud.pdf.
(8)  SOSA, Guillermina Leontina, "La internación como derecho: el deber reforzado de protección del estado ante la vulnerabilidad de las personas internadas", ElDial.com. 18 de mayo 2020, Nº 133.
(9)  PAGANO, Luz, "Inscripción en los Registros de Estado Civil de las personas de las declaraciones de incapacidad, capacidad restringida y apoyos", Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Núm. 108, Mar., 2020.
(10)  Para una postura sobre posibilidad de que estos apoyos requieran inscripción puede verse VALENTE, Luis Alberto, "Terceros, apoyos y restricción de la capacidad. Una tangible arista de la problemática y a la sombra de la seguridad jurídica dinámica", ADLA 2023-12, 89, pto. IV. 4 del artículo.
(11)  En este orden de ideas, puede verse que el Cód. Procesal de San Juan al regular el procedimiento dispone en su art. 153 inc. 4) "la oposición por parte de la persona interesada, de la Asesoría oficial o cualquiera de los legitimados, a la designación de apoyo, pone fin a la solicitud. [...]".
(12)  En este orden de ideas, debe mencionarse el lanzamiento del Banco de Pictogramas "Más Accesibilidad, Más Justicia https://consejo.jusbaires.gob.ar/noticias/lanzamiento-del-banco-de-pictogramas-mas-accesibilidad-mas-justicia/, como valioso aporte en pos de procurar garantizar el acceso a la comunicación y de esta forma mejorar significativamente el acceso a la justicia, conforme se destaca en el sitio mencionado.
(13)  FERNÁNDEZ, Silvia, ob. cit.
(14)  MÖLLER ROMBOLÁ, Martín, "Los apoyos extrajudiciales para el ejercicio de la capacidad jurídica en el derecho argentino", Lecciones y Ensayos (Universidad de Buenos Aires), Nº 100M, 2018, ps. 107-131.
(15)  ZITO FONTÁN, Otilia del Carmen - SPINA, Marcela V. - PAGANO, Luz M. - OLMO, Juan Pablo - MARTÍNEZ ALCORTA, Julio A., "Algo más sobre el apoyo para el ejercicio de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Alternativas extrajudiciales. Reformas recientes en Perú y Colombia", RCCyC 2021 (febrero), 15/02/2021, 28.
(16)  Unidad Procesal nº 11 Viedma, Río Negro, 06/03/2024, "L. M., J. E. s/designación de apoyo", LLO.
(17)  Unidad Procesal 11 de Viedma, 17/08/2022, "T., M. E. s/designación de apoyo", LLO.
(18)  JFamilia Nº2, 30/08/2024, "O., C. s/control de legalidad de la internación", LLO.
(19)  MUÑOZ GENESTOUX, Rosalía, "La ilusión de seguridad total como residuo de un paradigma. Mirada desde el modelo social de discapacidad", RDF 2024-III, 52.
(20)  GOGGI, Carlos, 26/09/2024, "Encuentro Salud mental y vulnerabilidad organizado por Red de Mujeres para la Justicia".
(21)  BENAVENTE, María Isabel - BURUNDARENA, Ángeles, "Restricción a la capacidad de personas mayores. Problemas y soluciones", RDF 77, 125, TR LALEY AR/DOC/4837/2016.
(22)  BENAVENTE, María Isabel - BURUNDARENA, Ángeles, "Restricción a la capacidad de personas mayores. Problemas y soluciones", RDF 77, 125, TR LALEY AR/DOC/4837/2016.
(23)  Conf. Corte IDH, "Caso Furlan y Familiares vs. Argentina", Sentencia de 31 de agosto de 2012, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
(24)  HAWKING, Stephen, "Breves respuestas a las grandes preguntas", trad. David Jou Mirabent, Ed. Planeta SA, 2018, ps. 112-113.
(25)  Sobre ajustes razonables al proceso puede verse: FERNÁNDEZ, Silvia Eugenia, "Capacidad jurídica y procesos. O cómo 'dar forma' al derecho de las personas con discapacidad", SJA 01/02/2017, 95, TR LALEY AR/DOC/5005/2016; PALACIOS, Agustina, "Una senda de tierra fértil en el largo y arduo camino hacia una igualdad inclusiva. Una sentencia con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos", RDF 2020-VI, 43, TR LALEY AR/DOC/3659/2020.